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Monóvar podría enfrentarse a sanciones por pagar tarde a proveedores

Más de una veintena de ayuntamientos de la provincia de Alicante pagan a proveedores fuera del plazo legal.

Hasta un total de 24 ayuntamientos y dos mancomunidades de la provincia se exponen a sanciones del Gobierno de España por pagar a proveedores con más de 30 días de retraso.

Al mismo tiempo que el Gobierno Central habla de mejora económica, por los mecanismos de ayuda del Ministerio de Hacienda y el ajuste de gastos en los municipios. Los datos que acaba de hacer públicos el departamento de Cristóbal Montoro revelan que un total de 24 municipios de la provincia y dos mancomunidades se demoran más allá del plazo legal.

Entre las localidades que pagan a más de 60 días está Monóvar, acompañada de Benijófar, Benifato, Bigastro, Callosa de Segura, Daya Vieja, l’Orxa, Novelda, Planes, El Verger, Albetera, Orihuela, la Mancomunidad de El Xarpolar.

Por su parte Benimantell, Daya Nueva, Elda, Facheca, Finestrat, Orxeta, Rafal, Sant Joan d’Alacant, San Isidro, Alcoleja, l’Alfàs del Pi, Algueña y la Mancomunidad de La Rectoría pagan entre 30 y 60 días.

El Gobierno podría intervenir para solucionar estos retrasos

Es por ello, que todas estas localidades, podrían ser sancionadas por el Ministerio en caso de que no consigan reducir los días que tardan en saldar sus facturas. Así como última medida, el Gobierno podría retenerles parte del dinero que éste aporta a las poblaciones para abonar directamente las facturas pendientes desde Madrid con ese dinero.

Hacienda trata de ayudar a los ayuntamientos y prácticamente no contempla esa medida. Ahora bien, sí que está facultado para llevarla a cabo, de hecho, “el incumplimiento del PMP (periodo medio de pago) durante dos meses consecutivos conllevará que la Administración que tenga atribuida su tutela financiera pueda establecer medidas para que lo que reduzca, pudiendo desembocar, de no corregir dicho PMP, en una retención de los recursos derivados de la participación en tributos del Estado e implicar el acceso obligatorio de esa Entidad Local a los mecanismos adicionales de financiación previstos por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas”, advierte el Gobierno.