Nuevas imputaciones en Monóvar por supuesta prevaricación

Política

El exalcalde Salvador Poveda y la actual portavoz municipal del PP figuran entre los imputados por la concesión de licencias de actividad, además de dos exconcejales

La juez del Juzgado de Instrucción Número 3 de Novelda ha comenzado esta semana a tomar declaración a un total de once técnicos y políticos del Ayuntamiento. Éstos llegan al juzgado imputados por una supuesta prevaricación administrativa por la concesión de licencias de actividad de un taller de carpintería metálica -ahora un taller mecánico- y de un establecimiento de comida para llevar situados al final de la calle Mayor cerca de la salida de Monóvar hacia Pinoso.

El perjudicado acudió a la justicia por las supuestas molestias de los establecimientos y ante la falta de medidas del Ayuntamiento

Los hechos se remontan a los años 2009 y 2013, sin embargo no ha sido hasta este año cuando la jueza ha decidido abrir diligencias para esclarecer la denuncia interpuesta por un vecino y dueño de un establecimiento de comida para llevar situado en la misma calle, Domingo Igual, que siempre ha mantenido la existencia de posibles irregularidades, incumplimientos y trato de favor en la concesión de ambas autorizaciones; así como en el seguimiento y verificación de las mismas tras sus reiteradas quejas ante el Ayuntamiento por las molestias que asegura sufrir desde hace seis años.

En resumen todas aquellas personas que estamparon antes o después sus firmas en la documentación relacionada con las dos licencias de actividad han sido imputadas con el fin de esclarecer el asunto. El exalcalde Salvador Poveda y los exconcejales de Medio Ambiente y Actividades Molestas, Francisca Parreño y Francisco Yuste, así como Deseada Bellot, todos ellos gobernantes en el momento en que la junta de gobierno otorgó las licencias.

De los hechos denunciados también se desprende que los titulares del establecimiento de comida para llevar y del taller pudieron haber iniciado su actividad sin obtener la preceptiva licencia con el presunto consentimiento -por acción o inacción- de los once representantes políticos y arquitectos, aparejadores e ingenieros que también han sido imputados.

Según mantiene el denunciante, las licencias se basan en expedientes en los que se han podido incumplir determinados trámites y omitir otros, además de haberse expedido certificados técnicos que no se ajustan supuestamente a la legalidad.

La instructora decidirá a partir del próximo 6 de noviembre si archiva las actuaciones o sigue adelante para celebrar un juicio

De momento ya han prestado declaración ante la jueza que investiga los hechos cinco de los once imputados. Está previsto que las comparecencias continúen mañana para finalizar la instrucción, tras una o dos sesiones más, el 6 de noviembre según ha confirmado el TSJ. A partir de ese momento se dará traslado al fiscal antes de que la jueza decida si prosigue con las actuaciones o las archiva.