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4.000 personas esperan cobrar la ayuda de emergencia en Alicante

En Alicante se benefician actualmente de esta ayuda más de 8.300 personas, cuyo importe medio es de 400 euros

La Renta Garantizada de Ciudadanía supone el último recurso para muchas familias pobres. Es una ayuda escasa que supone un salvavidas, actualmente hay miles de personas esperando para cobrarla, en algunos casos durante meses e incluso hasta un año. Son cerca de 4.000 los expedientes por resolver que se acumulan en la Conselleria de Igualdad correspondientes a la provincia de Alicante, si sumamos el resto de la Comunidad Valenciana llega a los 14.000.

Señalan desde la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que «durante los meses de verano se ha pagado la renta de ciudadanía a 800 familias más de lo previsto, destinando un importe de 1,5 millones de euros». La nueva consellera del ramo, Mònica Oltra, señala que «Estamos buscando la dotación y el personal necesario, reforzando la actual plantilla, para elaborar un plan de choque que permita hacer frente a este colapso»

Los problemas económicos del Consell crecían en paralelo al número de personas que podían optar a esta paga al haber agotado todas las prestaciones. De hecho, los impagos y los atrasos en el cobro de estas ayudas han sido una constante durante los últimos años de crisis, en los que se han acumulado las quejas a instituciones como el Síndic de Greuges.

Esta ayuda se otorga a todas aquellas personas que han agotado las ayudas por desempleo y los subsidios y que se encuentran en una situación de verdadera exclusión social. Su duración pude ir desde un mes hasta los 12 meses, renovables hasta tres años y la cuantía media ronda los 400 euros mensuales.

En la actualidad, según datos aportados por la Conselleria de Igualdad, en la provincia de Alicante hay 5.360 titulares de estas rentas, que en total benefician a 8.352 personas, incluyendo al núcleo familiar del titular de las ayudas.

En el conjunto de las tres provincias son 14.822 los titulares y 23.499 los beneficiarios de la Renta Garantizada de Ciudadanía. Sin embargo, no están todos, ya que el pasado verano, UGT denunciaba cómo 3.000 familias de la Comunidad con derecho a percibir esta ayuda se habían quedado sin cobrarla al agotarse el presupuesto.

El cobro de esta ayuda está vinculado al compromiso de los destinatarios de promover de modo activo su inserción sociolaboral. «El mayor problema a la hora de intentar cobrar este tipo de ayuda es lo engorroso que supone solicitarla», señalan desde UGT.

Los beneficiarios «deben reclamarla a los ayuntamientos que mantienen convenio con la conselleria y son los consistorios los que adelantan el dinero a la espera de que el gobierno autonómico les pague». En los últimos años, añaden, «han sido muchos los ayuntamientos que se han descolgado de este convenio por los impagos».